Se ha hecho público el documento titulado "Acuerdo para un gobierno reformista y de progreso", firmado por los candidatos a la Presidencia del Gobierno delcPSOE, Pedro Sánchez, y de Ciudadanos, Albert Rivera. Como es habitual siempre que hay propuestas electorales, procedo a revisar con detalle el documento para ver qué se propone en el ámbito de la Educación. Un tema importante, ya que es uno de los pilares del mismo, según se deduce de la introducción: "Nuestro proyecto busca aunar a una mayoría de españoles sobre cinco ambiciones que deben estar en el corazón de cualquier programa reformista para España: la educación, la lucha contra la desigualdad y la pobreza, el empleo, la unión y la regeneración política" (...) "Debemos apostar de verdad por la educación como fundamento de nuestro futuro y como herramienta principal en la lucha contra las desigualdades".
Se observa una meritoria autocrítica en lo que se refiere a los resultados de la política educativa de las últimas décadas, ya que, también al principio, leemos: "debe desarrollarse un Plan para la Adquisición de Competencias Básicas para el Empleo. Aunque en España la tasa de abandono escolar ha caído de forma sustancial en los últimos años, existen hoy más de 800.000 jóvenes que no consiguen alcanzar ni tan siquiera el nivel correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria. Además, nuestra población adulta está entre las que menor nivel de competencias en lectura, matemáticas, idiomas y alfabetización digital de toda la Unión Europea".
El documento, de 66 páginas, comprende 8 capítulos, de los cuales el III comprende el ámbito mencionado, La propuesta general es "Alcanzar un pacto social y político por la Educación, la Ciencia y la Cultura como uno de los ejes para garantizar la igualdad de oportunidades". La introducción a dicho capítulo dice así:
La educación y la formación, la cultura, la ciencia y la investigación, es decir, el conocimiento, son condición de empleo y también de participación eficaz en los asuntos públicos, en el desarrollo personal como ciudadano y en la asunción de valores democráticos. Son la única garantía de un desarrollo sostenible y justo. Su extensión al conjunto de la sociedad tiene a su vez una profunda dimensión social como garantía de una efectiva igualdad de oportunidades.
El derecho a una educación universal y gratuita es uno de los derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución y corresponde a los poderes públicos desarrollar políticas que proporcionen una formación equitativa y de calidad a la ciudadanía y una educación pública de calidad que garantice la equidad y la igualdad de oportunidades. A pesar de los importantes logros alcanzados, nuestro sistema educativo sigue adoleciendo de importantes carencias, tanto en calidad como en la corrección de desigualdades.
Transitar hacia la sociedad del conocimiento es una tarea colectiva. Para conseguirlo, es imprescindible restablecer los consensos y recomponer lo que se ha venido desarticulando por ausencia de procesos de acuerdo. Se requiere estabilidad legislativa, de objetivos y recursos. Ello solo es posible si se sustenta en grandes acuerdos sociales y políticos por la educación, la ciencia y la cultura.
Dentro de dicho capítulo, el apartado 1 es "El Pacto por la Educación". Se lograría a través de las siguientes medidas:
Educación no universitaria
- Pacto Educativo. Constituir una Mesa para alcanzar un Pacto Social y Político por la Educación que, en el plazo de seis meses, permita la elaboración de un marco legal consensuado. Mientras tanto, se paralizará con carácter inmediato el calendario de implantación de la LOMCE en todos aquellos aspectos que no han entrado en vigor.
- Promover los instrumentos que aseguren, preserven y potencien el carácter inclusivo e integrador de la enseñanza, impulsando la atención individualizada, los modelos tutoriales personalizados y la flexibilización de los currículos.
- Configurar la beca como derecho subjetivo que garantice su reconocimiento efectivo a todo el que reúna las condiciones establecidas para obtenerla, de modo que el crédito correspondiente en los PGE tenga la condición de ampliable. Y garantizar, asimismo, la gratuidad de la enseñanza pública obligatoria, con las ayudas precisas para la adquisición y la compartición de libros de texto.
- Universalizar de manera progresiva la oferta de Escuelas Infantiles en la primera etapa de 0 a 3 años. El Gobierno asegurará la oferta pública asequible suficiente para cubrir progresivamente la demanda.
Reforzar el reconocimiento social y profesional de los profesores, mejorar su formación y fijar sistemas acordados de evaluación. Aprobar un Estatuto del Personal Docente que impulse su profesionalización, dignifique la función docente, regule sus condiciones de trabajo, establezca los criterios para su promoción e incorpore un sistema de acceso a la docencia a través del MIR Educativo. Se trata también de asegurar una sólida formación académica, pedagógica, comunicativa y social, a partir de una evaluación rigurosa y útil.
- Constituir un grupo de trabajo que, en el plazo de tres meses, proponga una revisión global del sistema de formación profesional (reglada y para el empleo), que incluya medidas de fomento para las medianas y grandes empresas destinadas a lograr su cooperación y compromiso con la formación profesional de personas ajenas a sus propios trabajadores o aspirantes a serlo. El sistema de FP debe adaptarse continuamente a los cambios técnicos y las demandas a medio plazo de la sociedad, por ejemplo mediante la FP en alternancia.
- Dotar de más autonomía y flexibilidad interna a los centros educativos para el mejor cumplimiento de sus fines de calidad y equidad, dotándoles de evaluaciones periódicas y eficaces. Debe perseguirse también la mayor implicación posible de las familias en los proyectos educativos.
- Nos proponemos establecer un modelo educativo bilingüe o trilingüe añadiendo una lengua extranjera, de preferencia el inglés, a la oficial u oficiales de cada Comunidad Autónoma, respetando las competencias de cada Autonomía para establecer el peso ponderado de cada lengua en el horario escolar.
- Mejorar las competencias cognitivas y no cognitivas, mejorando el aprendizaje de habilidades como el uso crítico de la información, el fomento del trabajo en cooperación, el espíritu emprendedor y la ciudadanía crítica.
- Crear un Plan Estatal de Convivencia Escolar que asegure una prevención y un control eficaces frente al acoso escolar, el ciberacoso y el bullying, en cuya ejecución se impliquen los centros docentes.
Educación universitaria
- Impulsar una política universitaria que renueve y fortalezca nuestras universidades, como parte esencial del “sistema del conocimiento”, para que cumplan con autonomía y mayor eficacia sus altas funciones sociales: la creación, desarrollo, especialización, transmisión y crítica de la ciencia, la técnica y la cultura; la difusión, el fomento de la competencia, la valorización y la transferencia del conocimiento; la preparación para el ejercicio de actividades profesionales; y la formación permanente de la ciudadanía.
- Establecer la evaluación rigurosa de la calidad del sistema, el diálogo social e institucional y la búsqueda de acuerdos para afrontar los problemas y retos de nuestras universidades.
- Fomentar la internacionalización del sistema universitario en todos sus ámbitos, tanto docente como investigador, y la fluidez en los intercambios dentro del sistema universitario y con otros centros de investigación y docencia. Crear las condiciones para el retorno de los investigadores de excelencia españoles en el extranjero y para la atracción de investigadores de primera línea mundial.
- Presentar una propuesta de Estatuto del Personal Docente e Investigador (PDI) que regule las condiciones de acceso, trabajo y carrera profesional, para su debate y acuerdo con las universidades, las comunidades autónomas y los interlocutores sociales. Promover un plan especial para reparar los efectos de las limitaciones en la tasa de reposición. Priorizar los méritos de investigación en el acceso del PDI, determinando el uso de los sexenios como criterio mínimo de calidad. Modificar la reglamentación de la ANECA para resolver sus deficiencias. Incentivar la internacionalización del PDI. Incorporar periodos obligatorios en otras universidades.
- Promover, en el marco de la Conferencia General de Política Universitaria y del Consejo de Universidades, un nuevo marco estatal de precios públicos de matrícula que tenga en cuenta los niveles de renta de la unidad familiar de cada estudiante y permita mantener un marco coherente en el conjunto del Estado asegurando así la igualdad de oportunidades.
- Establecer el carácter de las becas como derecho subjetivo de todas las personas con necesidad de ayuda para igualar oportunidades. Promover programas de becas de excelencia y de becas-salario, para las familias con más necesidades.
- Definir un nuevo modelo de financiación de las universidades públicas que sea transparente, que garantice la suficiencia de recursos, la eficacia y la eficiencia, y que genere estímulos consistentes para la mejora de los resultados y la calidad del sistema. Mantener el objetivo europeo a medio plazo de invertir el 3% del PIB en educación superior. Llevar a cabo un análisis riguroso sobre la situación financiera real de las universidades. Una parte relevante de la financiación debe distribuirse estableciendo objetivos y evaluando resultados (en investigación y en docencia), mediante los incentivos adecuados y garantizando no obstante la financiación básica. Establecer incentivos en forma de financiación adicional ligada a la empleabilidad lograda y a la consecución exitosa de programas de investigación. Desarrollar una nueva ley de mecenazgo con incentivos fiscales atractivos.
- Mejorar la gobernanza de las universidades públicas, evaluando sus resultados, impulsando su profesionalización, e introduciendo los cambios de estructura y funcionamiento que se deriven del debate, la participación y el consenso de toda la comunidad universitaria.
- Impulsar un programa específico para recuperar al alumnado que haya tenido que abandonar sus estudios universitarios por motivo de los cambios legislativos del anterior gobierno o cambios sobre sus condiciones socioeconómicas desde el inicio de la crisis. Promover un programa de ayudas para personas tituladas universitarias en situación de desempleo para que puedan pagar la matrícula de master en universidades públicas.
En lo que se refiere a la Ciencia, la parte 2 del capítulo 8 nos propone las siguientes medidas:
- Crear el Consejo para la Ciencia y la Innovación, presidido por el Presidente del Gobierno.
- Impulsar la inversión pública en I+D+i civil y recuperar como objetivo estratégico el consenso europeo del 3% del PIB. Defender en las Instituciones Europeas la aplicación de la “regla de oro” a las inversiones en I+D+i.
- Promover un Plan Especial para la incorporación, recuperación y consolidación del talento científico que permita, en colaboración con las comunidades autónomas, las universidades, los organismos públicos de investigación y otros centros de investigación públicos y privados, incorporar con criterios de excelencia a 10.000 investigadores en cuatro años, con especial atención a los que se encuentren en las etapas iniciales de su carrera, dotándolo de los medios y recursos necesarios para alcanzar ese objetivo.
- Reforma del Estatuto de la Agencia Estatal de Investigación para que responda al modelo del European Research Council y al papel previsto para ella en la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación de 2011.
Para saber más:
Intervención de Pedro Sanchez tras la firma del acuerdo
Web Gobierno para el cambio
Documento completo en web del PSOE
Documento completo en web de Ciudadanos
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