El pasado verano se hizo público lo que se llevaba tiempo comentando sotto voce: Que el Ministerio de Educación iba a restablecer el sistema educativo universitario anterior a 2010, volviendo a un primer ciclo de tres años y a un segundo de dos (lo que se llama "sistema 3+2", el más habitual en el extranjero), en lugar del controvertido sistema actual de un grado de cuatro años seguido de un máster de un un año (el "sistema 4+1" que rige ahora). Y efectivamente, el 30 de Enero el Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto que volvía a implantar en nuestro país el sistema estándar 3+2, decreto que, bajo la denominación R.D. 43/2015 fue publicado en el BOE el 3 de febrero de 2015, entrando en vigor al día siguiente. Sin embargo, tal decisión ha sido criticada por la mayor parte de los sindicatos de trabajadores de la enseñanza, así como por los sindicatos y asociaciones de estudiantes, y ha sido puesto en duda por la mayoría de los rectores, que no ven que sea el mejor momento, aunque los rectores catalanes llevaban tiempo pidiendo la vuelta al 3+2.
Antes de analizar el estado de la cuestión, retrocedamos unos años para ver el origen de todo esto. En España, como en muchos otros países, existían dos tipos de carreras universitarias: Las de primer ciclo, o ciclo corto, con una duración de 3 años, mediante las que se obtenía el título de Diplomatura, Ingeniería Técnica o Arquitectura Técnica. Y las de segundo ciclo o ciclo largo, con una duración de cinco años, por las que se conseguía el título de Licenciado, Ingeniero Superior o Arquitecto Superior. Para pasar de las primeras a las segundas había que realizar un curso de adaptación, o "curso puente". Esta estructura de carreras cortas de 3 años y largas de 5 años se eliminó cuando entró en vigor el controvertido Real Decreto 55/2005, que daba como plazo limite hasta 2010 para sustituir aquella estructura por una nueva: Un primer ciclo generalista de cuatro años, denominado Grado, y un segundo ciclo de especialización de un año, denominado Máster. Es decir, que se pasaba de una estructura de 3+2 a otra de 4+1, y se justificaba por la adaptación al Sistema Europeo de Educación Superior (el llamado "Plan Bolonia"), lo que no dejaba de ser absolutamente falso, ya que en toda Europa el 4+1 sólo existe en Grecia, en la islita de Chipre y en algunas repúblicas de la antigua Unión Soviética. Un craso error que convertía al sistema universitario español en una singularidad que dificultaba enormemente a nuestros universitarios la homologación de sus títulos en el resto de Europa, poniendo palos en las ruedas de la convalidación de las titulaciones españolas en el resto del continente y, de rebote, en las del libre ejercicio profesional, que es precisamente lo que pretendía y pretende el "Plan Bolonia".
Además se eliminaba de un plumazo la formación docente que se hacía en el Tercer Ciclo, ya que la reforma del Doctorado homologaba el nuevo Máster (que es una titulación de Segundo Ciclo, como el cuarto y quinto de la antigua Licenciatura) con los antiguos cursos de Doctorado que se hacían después de licenciarse, reduciendo el nuevo Doctorado a la mera realización y defensa de la tesis. Los doctorandos antiguos teníamos, además, dos años más de cursos postlicenciatura, es decir, una formación docente y evaluada, formación de la que carecerán -ya carecen- los doctores por el nuevo sistema.
Esta reforma que en su día satisfizo a muy pocos parecía que iba a solucionarse con la "contrarreforma" concebida por el equipo del ministro Wert. Pero aunque muchos esperábamos y deseábamos la vuelta al sistema antiguo, no se ha hecho como debería. Por los siguientes motivos:
El nuevo decreto da vía libre al restableciento del 3+2, PERO de manera voluntaria, dejando que la universidad que lo desee mantenga la estructura de 4+1. Un error, porque la organización de los títulos no debe ser algo voluntario al criterio de cada universidad sino definido de manera obligatoria por el Estado. El Ministerio debe tomar las riendas y regular la enseñanza superior a partir de unos mínimos. Y en esos mínimos debe estar incluida la denominación de los títulos y su duración. De lo contrario, se dará el caso de la existencia en una provincia o comunidad autónoma (en todas en las que hay varias universidades) de títulos de graduado y máster en lo mismo pero de distinta duración, según el parecer de cada universidad. Un caos que confundirá al estudiantado y a sus familias y que creará graves problemas de cara al futuro ejercicio profesional de graduados de 3 y de 4 años.
Y además se creará un desajuste económico en muchas familias al duplicar la duración del Máster, cuyas matrículas se cobran muchísimo más caras que en el Grado. Esto puede hacer que los estudiantes que no obtengan beca no puedan cursar estudios de especialización, quedándose únicamente con la titulación más económica, la de graduado. Esto no ocurría cuando había licenciaturas, ya que la matrícula costaba lo mismo en primero que en quinto. La única diferencia de precio antaño estaba en que fuesen asignaturas experimentales o no, o en el número de veces que se cursaba, pero no por el curso que se realizara.
Entiendo que los rectores no hayan acogido con los brazos abiertos este nuevo decreto, hecho con la buena intención de solventar la "catástrofe boloñesa" que nos cayó encima hace una década, y hayan pedido una moratoria para su aplicación. Pero es porque el nuevo decreto es un "quiero y no puedo" que añade más confusión, si cabe, al ya caótico sistema universitario español.
¿La solución? Una reforma de consenso, que cuente con la opinión no sólo de los técnicos del ministerio sino también de la conferencia de rectores, y también con los expertos en Educación de la oposición, para que no haya una nueva contrarreforma cuando sean otros quienes gobiernen. Eso en primer lugar.
En segundo lugar, la organización y duración del sistema universitario debe ser OBLIGATORIO. Igual que es obligatorio que la enseñanza primaria dure -actualmente- seis años, la ESO dure cuatro y el bachillerato dos (aunque a muchos nos parezca que con un microbachillerato de dos años no se va a ninguna parte). ¿Ustedes entenderían que cada colegio o instituto regulase a su libre elección la duración de cada ciclo de estudios?
Y en tercer lugar, debería replantearse el precio de las tasas académicas y volverse al cobro de una misma cantidad para los estudios universitarios, independientemente de que sean de primer ciclo o de segundo. Se puede penalizar cobrando más caro a quienes no aprueben a la primera y repitan matrícula. Y se puede cobrar más caro una matrícula en ingeniería o medicina que una en filosofía, dependiendo del grado de experimentalidad. Pero el Gobierno realizaría una gran medida social (tan necesarias en tiempos de crisis), si se estableciese una misma tasa por crédito en las matrículas independientemente del curso en que se esté matriculando, y a la vez que desmontaría el argumento de quienes afirman que esta reforma se hace para dejar fuera de los estudios superiores a los hijos de las clases más desfavorecidas.
Por todo ello, mi conclusión es la siguiente: Sí a la reforma, sin duda alguna. Pero no al cómo se ha hecho, con este "quieroynopuedismo". Señor Ministro, reúnase con la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, e incluso con los representantes de la oposición (por ejemplo, a través de las comisiones de Educación del Congreso y del Senado) y haga una reforma duradera, estable, más técnica que política, y -a poder ser- consensuada, que sitúe a nuestros universitarios en posición de competir de verdad con los del resto de la Unión Europea, con un sistema universitario como el que existe en el resto de la misma, para que no haya problemas de homologación de títulos ni de circulación y libre ejercicio profesional de nuestros titulados. Las generaciones futuras se lo agradecerán.
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